Este miércoles, 19 menores de edad entre los seis y quince años encabezaron una columna de autodefensas armados en Guerrero, un Estado al suroeste de México.

La imagen podría pasar desapercibida en un país sumergido desde hace varios años en un violento conflicto, pero la fotografía reproducida por medios locales es una nueva señal de la descomposición provocada por la inseguridad. Los jóvenes cargaron viejos y oxidados rifles para repudiar el asesinato de diez indígenas nahuas en la región este fin de semana.

Los menores marcharon junto a unas 2.000 personas con el rostro cubierto por pañuelos y vistiendo el uniforme de la policía comunitaria, un cuerpo armado conformado hace 25 años por pobladores de 16 municipios del sureste de Guerrero e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC). Este cuerpo de autoridad alternativa ha hecho frente desde hace varios años a los cárteles de la droga y las organizaciones delictivas que operan en uno de los sitios más pobres del país.

El añejo conflicto vivió un nuevo capítulo el viernes 17, cuando una decena de personas del municipio de Chilapa fue ejecutada e incinerada. Los muertos trabajaban con el grupo musical Sensación, que había tocado en un poblado vecino, cuando fueron emboscados mientras viajaban en dos camionetas. La fiscalía de Guerrero ha responsabilizado del crimen a Los Ardillos, una de las bandas criminales locales, quien también estaría detrás de una policía comunitaria rival de la CRAC.

Desde la matanza del viernes, integrantes de la CRAC mantienen bloqueados los caminos de Alcozacán, en Chilapa. Exigen la captura de los responsables del crimen y solicitan la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el lugar, además de otras 27 demandas. Para presionar a las autoridades locales, la CRAC mostró el músculo armado. Uno de sus consejeros ha afirmado que los menores fueron capacitados para el uso de armas en una entidad que tiene un 54% de su población sin la educación básica terminada.

Entender la violencia que golpea esa zona de Guerrero desde hace años no es sencillo. José Díaz-Navarro, un vecino de Chilapa, la conoce en carne propia. En noviembre de 2014, presuntos integrantes de Los Ardillos desaparecieron a dos de sus hermanos, que luego aparecieron asesinados. Huyó de allí en mayo de 2015. Desde entonces se mantiene al tanto desde Ciudad de México de los numerosos sucesos en la región. La matanza del viernes no lo sorprendió. Díaz-Navarro cree que se trata de una “venganza”.

Desde su exilio, Díaz-Navarro ha recopilado información. La mera mención de los asesinados le activa un recuerdo. "Hace un año, el 10 o 12 de enero, Los Ardillos irrumpieron en El Paraíso Tepila [una localidad de Chilapa]. Los comunitarios esperaron con armas y mataron a 10 o 12 ardillos. Lo de ahora fue una venganza por eso", explica.

El nombre de Los Ardillos está íntimamente ligado a la violencia en la región de la Montaña baja de Guerrero, donde está el municipio de Chilapa. Y también a la política estatal. El supuesto líder de Los Ardillos, Celso Ortega, es hermano de un exdiputado del PRD, el partido de la izquierda, que sigue fuerte en Guerrero, hoy gobernado por el PRI.

En cada periodo electoral, los asesinatos de candidatos y aspirantes a alcalde, diputado o regidor en Chilapa y los pueblos de alrededor es habitual. Y cada vez que esto ocurre se señala a Los Ardillos. Según Díaz-Navarro, "este grupo quiere aniquilar a todos. Ya aniquilaron a Los Rojos [antaño su principal rival], ya tienen a las policías municipales de Tixtla, Quechultenango, la ministerial. Han querido dominar hasta Chilpancingo [la capital de Guerrero]… Y ahora van por la CRAC".

Tras las imágenes de los niños soldados, el Gobierno de Guerrero pidió a la CRAC respetar los derechos humanos de los menores. La Administración local, encabezada por el priista Héctor Astudillo, ha dicho que el homicidio de las diez personas es una de las prioridades para la Fiscalía y en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. En Guerrero, sin embargo, la probabilidad de esclarecer un delito es del 0,2% según un estudio reciente sobre las fiscalías mexicanas.
Fuente: El País