Xalapa, Ver
. — A un año de que entraran en funciones los primeros jueces electos bajo la reforma al Poder Judicial, los datos preliminares revelan un fuerte impacto en la productividad del máximo tribunal: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reducido en alrededor del 40% el número total de casos resueltos, así como la emisión de criterios jurisprudenciales, según expuso el especialista Julio Ríos Figueroa, profesor del ITAM e integrante del Observatorio de la Justicia.
Durante su participación en el programa Primer Círculo, el investigador detalló que la caída abarca todo tipo de asuntos: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos en revisión —los temas que definen la interpretación de la ley en el país.
A la par, la producción de tesis jurisprudenciales también disminuyó en igual proporción, lo que afecta la uniformidad y seguridad jurídica en todo el sistema.
Ríos Figueroa explicó que esta baja en el desempeño se suma a otras señales de alerta detectadas en el primer año de operación: la desaparición de la carrera judicial como vía principal de ascenso, la selección de candidatos basada en listas avaladas políticamente —los llamados “acordeones”— y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que funciona como mecanismo de control posterior sobre las decisiones de los juzgadores.
El experto recordó que, bajo el modelo anterior, los jueces avanzaban por méritos, exámenes y experiencia acumulada.
En el nuevo esquema, basta con aprobar la carrera de derecho con calificación mínima para competir, sin requerir trayectoria en la función judicial. Incluso se han registrado casos de aspirantes que no aprobaron concursos meritocráticos, pero lograron llegar a cargos superiores mediante el voto popular.
La reforma también pospuso la próxima elección de jueces, al reconocerse su inviabilidad operativa para el calendario electoral siguiente. Sin embargo, Ríos Figueroa advirtió que esto no corrige las fallas estructurales: persisten la falta de experiencia, la dependencia política y la pérdida de independencia que ya se reflejan en una menor concesión de amparos —especialmente en materia penal— y una menor disposición a revisar decisiones de las autoridades.
“Estamos ante una transformación que cambió los incentivos de los juzgadores: en lugar de mirar al mérito y a la ley, se miran los apoyos políticos y el control disciplinario posterior. El rezago que hoy vemos en la Corte es apenas una de las consecuencias visibles”, señaló el investigador, quien junto a su equipo continuará el monitoreo hasta abril de 2027.
Especialistas coinciden en que la reducción de casi la mitad en la resolución de asuntos constitucionales retrasa la protección de derechos y la definición de reglas claras para todos los sectores del país.
