. — Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), denunció de forma contundente que la mayor forma de extorsión que sufren los empresarios en México proviene de las propias autoridades, y exigió al Gobierno garantizar el Estado de Derecho, seguridad jurídica y reglas claras, ya que sin ellas no hay inversión ni crecimiento posible.

Al presentar los resultados del Monitor de Seguridad del primer trimestre de 2026, explicó que hoy en día, el 37% de los cobros ilegales, presiones o excesos que sufren las empresas son cometidos por funcionarios o personas que actúan bajo el amparo de cargos públicos, en niveles municipal, estatal y también federal.

“No hablamos solo de delincuencia común: la autoridad se ha convertido, por los montos y la frecuencia, en el mayor extorsionador. Lo hacen bajo el pretexto de hacer cumplir regulaciones, normas ambientales, fiscales, sanitarias o de funcionamiento, interpretando las leyes a su antojo, exigiendo pagos extra, trámites innecesarios o cobros para agilizar procesos que deberían ser gratuitos y obligatorios”, señaló el dirigente empresarial, y definió esta práctica como “el impuesto más alto, ilegal y abusivo que pagan las empresas”.

Precisó que la falta de homologación de leyes y criterios en todo el país da pie a que cada gobierno local o funcionario “invente” requisitos o cobros, lo que genera incertidumbre, encarece la operación y obliga a muchos negocios a cerrar o no invertir.

“La extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más empleos. El 97% de estos casos ni siquiera se denuncia, por miedo a represalias o porque no confían en que las autoridades les den justicia”, agregó, y advirtió que las cifras oficiales solo reflejan el 3% de lo que realmente ocurre.

Sierra Álvarez recalcó que el Estado de Derecho no es un privilegio, es un derecho básico: “Queremos leyes claras, iguales para todos, que se apliquen igual en todo el país, y que quien abuse de su cargo o extorsione sea castigado severamente. Hoy nos encontramos con que quien debería protegernos es quien nos presiona. Eso no es gobierno, es abuso de poder”.

Como medidas urgentes, Coparmex exigió aprobar y aplicar plenamente la Ley General contra la Extorsión, crear unidades especializadas en cada fiscalía para atender estos casos, sancionar con rigor a funcionarios corruptos y garantizar que ninguna autoridad pueda exigir nada fuera de lo que marca la ley.

“Si no hay certeza, no hay confianza; si no hay confianza, no hay desarrollo. Queremos seguir apostando por México, pero necesitamos que el Estado cumpla su primera obligación: darnos seguridad y respetar nuestra actividad económica”, concluyó.