* Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a la Asamblea General, principal ente deliberativo del órgano internacional, que examine la situación de las desapariciones forzadas en México.

* México rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018; afirma que es tendencioso.

. - El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada señaló que en México existen indicios de desapariciones forzadas como posibles crímenes de lesa humanidad.

Pidió al Secretario General llevar la situación de México ante la Asamblea General para considerar medidas de apoyo internacional.

Por su parte, el Gobierno de México reviró a la ONU: acusó al informe sobre desapariciones de “tendencioso” y omitir avances desde 2019

Además rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), al que acusó de ser “parcial y sesgado” por omitir los avances institucionales emprendidos desde 2019 y, en particular, a partir de las reformas aprobadas en 2025.

Según el comunicado conjunto de Gobernación y Relaciones Exteriores, el mecanismo de la Convención fue diseñado para contextos donde las desapariciones son una política sistemática de Estado, algo que —sostiene el gobierno— no corresponde a la realidad actual del país.

Las autoridades subrayaron que el propio Comité reconoce que no hay indicios de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo que, afirman, marca una diferencia con los periodos 2009-2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

También cuestionaron el rigor jurídico del CED y señalaron posibles conflictos de interés de al menos uno de sus integrantes, vinculado con organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.

El gobierno insistió en que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas y defendió la reciente reforma legal que creó herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará diagnósticos que, a su juicio, no reflejan la situación actual ni los esfuerzos para garantizar verdad y justicia a las víctimas.