.- En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada hay que resaltar que en los últimos años México, ha experimentado un aumento preocupante en delitos de desaparición.

Es una de las violencias más extremas e históricamente presentes en Mesoamérica y quienes alzan su voz para exigir verdad y justicia ante las mismas, principalmente mujeres, también enfrentan violencias.

Entre 2012 y 2022 se registraron cerca de 6 mil 629 agresiones contra defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación en Mesoamérica.

Una parte de estas agresiones fueron contra mujeres que se han movilizado ante casos de desaparición forzada.

Son madres, hijas, hermanas, compañeras que ante la impunidad, la violencia o omisión de los Estados, subvierten su cotidianidad y se organizan para buscar y exigir justicia para sus personas desaparecidas, convirtiéndose así en defensoras de los Derechos Humanos.

En México, entre muchas otras, Comité Eureka, HIJOS_Mexico o las colectivas de buscadoras organizadas en muchos estados del país. En Nicaragua, las MadresDeAbril o las familiares de presas políticas a las que por semanas se les niega información de su estado y paradero.

En El Salvador, quienes defienden la memoria histórica en el marco del conflicto interno o las que buscan justicia para sus familiares víctimas del vigente Régimen De Excepción. En Honduras, las garífunas que con Ofraneh exigen justicia por los jóvenes de Triunfo de la Cruz.

En México, la problemática estructural de la impunidad ha penetrado lamentablemente en todos los rincones del sistema judicial, sin excepción para ningún delito.

En los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante incremento en los delitos de desaparición de personas, fenómeno que, lejos de experimentar una disminución significativa, persiste de manera preocupante. Frente a esta crisis que atraviesa el país, en Impunidad Cero hemos elaborado la primera edición de nuestro informe sobre Impunidad en Delitos de Desaparición en México.

Este informe deja en evidencia los niveles alarmantes de impunidad que han sumido al país en una grave crisis de derechos humanos.Además, pone de manifiesto problemas significativos en los protocolos de búsqueda, la actuación de las autoridades y la implementación de la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas (Ley GMDP).

También señala deficiencias y falta de transparencia en la información del RNDPDNO y el Sistema Nacional de Búsqueda, necesarios para poder comprender la magnitud del problema al que nos enfrentamos.

Entre los principales hallazgos destacan:

En México tenemos un nivel de impunidad del 99% para los delitos de desaparición de personas.

Los casos de desaparición en México constituyen una crisis humanitaria que va en aumento. Durante 2022, el RNPDNO registró una cifra récord de 9 068 personas desaparecidas y no localizadas. El 74% de estos registros corresponde a hombres y el 26% restante a mujeres.

De 2019 a 2022 se registraron 35,669 desapariciones1, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares, lo que muestra que no hay proporción entre el número de casos de desaparición que se registran y el número de casos que se esclarecen.

Durante el periodo de 2019 a 2022, los estados de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, no reportaron ninguna sentencia condenatoria por los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, lo que se traduce en un 100% de impunidad.

La identificación de hallazgos, otro grave problema. Durante 2022, el 37.5% de los cadáveres y/o restos humanos recibidos por la FGR o alguna de las Unidades Estatales no han sido identificados.

Destacan Baja California (8 240), Ciudad de México (940), Jalisco (815), Estado de México (757) y Sonora (594) como los estados con mayor número de casos no identificados

1. En el 0.2% de las desapariciones no se registró el estado en el que se cometieron

Este informe no sólo señala las problemáticas para encontrar justicia en casos de desaparición de personas, sino que también presenta recomendaciones clave para mejorar las diligencias y mejorar la atención para las víctimas de este delito.

Entre ellas, destacan la necesidad de fortalecer la colaboración institucional, crear fiscalías especializadas operadas por profesionales altamente capacitados, estandarizar protocolos de investigación y la implementación de tecnologías forenses avanzadas.