. - En una mañana llena de expectativas y con la esperanza de ser escuchados, el abogado veracruzano Arturo Castagné y la diputada María Elena Pérez Jaén-Zermeño se encontraron con un obstáculo inesperado en su intento por presentar pruebas de corrupción directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su misión: exponer las supuestas irregularidades financieras de la aspirante al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, relacionadas con la adquisición de propiedades y la malversación de fondos en la refinería Dos Bocas.

Sin embargo, las puertas de Palacio Nacional no se abrieron para recibirlos.

La razón: el aforo limitado en las instalaciones, según lo indicado por el personal de seguridad. Aunque se ofreció la alternativa de dejar la documentación, Castagné y Pérez Jaén-Zermeño se mantuvieron firmes en su determinación de entregar las pruebas directamente al presidente.

El abogado Castagné expresó su decepción ante la negativa de ser recibidos, recordando las promesas de transparencia y lucha contra la corrupción hechas por López Obrador durante su campaña. En un intento por rescatar ese espíritu, esperaban encontrar al mismo "Andrés Manuel López Obrador que cuando candidato... luchaba porque todo se transparentara y no hubiera corrupción".

Este episodio deja entrever una aparente falta de receptividad por parte del gobierno ante acusaciones de corrupción, lo que suscita interrogantes sobre el compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas.

La negativa de López Obrador para recibir las pruebas directamente alimenta críticas sobre su disposición para enfrentar la corrupción en su administración.

Castagné, visiblemente frustrado, criticó la actitud del presidente, calificando su respuesta como evasiva y protectora hacia sus allegados. Afirmó que la falta de respuesta es una manera de "mentir al pueblo de México y de evadir la responsabilidad de sus subalternos".

Ante la falta de acceso a Palacio Nacional, Castagné y Pérez Jaén-Zermeño decidieron retirarse y dirigirse a otras instancias. Planeaban presentar una denuncia ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra Maribel Hoyos Peña, sobrina de Rocío Nahle, quien supuestamente habría actuado como prestanombres de la candidata.

Este evento destacó la persistente lucha contra la corrupción en México y la necesidad de que las autoridades demuestren un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras tanto, las acusaciones de corrupción en Veracruz continúan sin una respuesta oficial, dejando al pueblo mexicano en la incertidumbre sobre el destino de sus recursos públicos y la integridad de sus líderes políticos.