La FGR abrió dos carpetas de investigación contra Ana Guevara por el delito de desvío de recursos y malos manejos de la administración pública.

.- Por el delito de desvío de recursos y malos manejos de la administración pública, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación contra Ana Guevara por pagos de eventos y entrenadores fantasmas en la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

De acuerdo con fuentes de la FGR, se tienen denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por montos que rebasan los 200 millones de pesos que se destinaron a eventos y pagos a entrenadores que no están en la lista de la Conade.

La ASF encontró irregularidades en el pago de 70 millones de pesos para el salario 500 entrenadores, donde las personas no están dadas de altas en ninguna base y no hay documento que compruebe que justifique que realmente contrataron a entrenadores.

La primera denuncia que realizó el órgano de fiscalización, el pasado 28 de agosto del 2023, dónde se le acusa de irregularidades por un monto de 150 millones de pesos del erario de la dependencia que encabeza.

En los documentos presentados por la ASF, se maneja el supuesto desvió de recursos en lo que se presume como un acto de corrupción como parte de algunas transferencias y subsidios ocurridas en el ejercicio fiscal del 2020.

De acuerdo con el reporte, las inconsistencias detectadas ascendieron hasta los 205 millones de pesos, aunque a lo largo de dos años se pudieron comprobar 55 millones.

Una de las inconsistencias refiere a aparentes pagos indebidos por 77 millones de pesos que se destinaron a 428 entrenadores deportivos que no están inscritos en los registros.

Además, se transfirieron alrededor de 20 millones de pesos en convenios de colaboración que tampoco estarían claros con la asociación civil Federación Ecuestre Mexicana, también resalta la compra de 2 mil relojes inteligentes de los que no se tiene factura, ni comprobante del proveedor o donde fueron comprados.

La segunda carpeta de investigación se basa en los reportes de la ASF del 2021, 2022 y parte del 2023; sin embargo, hasta el momento no se ha solicitado una orden de aprehensión en contra de la ex atleta mexicana por los delitos de desvío de recursos y malos manejos de la administración pública.