El 25 de septiembre la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobó una reforma en la que ameritará prisión preventiva oficiosa en el caso de alteración involuntaria y no dolosa de sistemas de medición, de calidad y entrega inferior de los combustibles en las estaciones de servicios, lo que fue calificado como un ejercicio de sobrerregulación que proyecta incertidumbre y desconfianza, señaló la Organización Nacional de Empresas Expendedoras de Petróleo (Onexpo).
En un comunicado, la asociación que reúne a las estaciones de servicio señaló que la alteración involuntaria y no dolosa de sistemas de medición, de calidad y entrega inferior de los combustibles no deben ser incorporadas en la reforma como delitos que ameriten prisión, y agregó que esto lo equipara a la delincuencia organizada.
“Aplicar la prisión preventiva oficiosa a empresarios gasolineros legalmente constituidos, como medida para garantizar la comparecencia de personas imputadas en un juicio, carece de justificación, ya que el imputado no tiene la capacidad de sustraerse de la acción de la justicia, ni manifiesta una conducta que haga presumible su riesgo social, equiparable a la delincuencia organizada, toda vez que las estaciones de servicio en su gran mayoría son sociedades patrimoniales”, señaló.
Onexpo añadió que el dictamen presentado pretende equiparar las fallas técnicas y alteraciones no dolosas ni intencionales de los sistemas de medición o de la calidad de los combustibles con acciones propias del mercado Ilícito de combustibles (huachicol) sin considerar la dimensión de la afectación, ni tomar en cuenta fenómenos presentes propios del mercado y de las transacciones entre particulares, con bienes propiedad de particulares y que no pertenecen a la nación ni son parte del patrimonio nacional.
Fuente: Milenio
