Xalapa, Ver
Entre los anuncios, advertencias y dislates en los que se movió la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana por el estado de Veracruz, destaca lo que tiene que ver con el reforzamiento de la Guardia Nacional.
Durante la inauguración de un cuartel en Xalapa, López Obrador anunció que su gobierno destinará 50 mil millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional, al tiempo que refrendó su apoyo al uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Completamente en sentido contrario de lo que durante años defendió.
Incluso, subrayó la adscripción militar de ese cuerpo de seguridad -que cuando fue creado, el gobierno juraba que sería una corporación civil- al anunciar una nueva reforma constitucional para que dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Que esta institución se mantenga con apego a principios e ideales, que sea incorruptible y que se pueda proyectar a través de los años, convirtiéndola en una rama de la Secretaría de la Defensa. Así se hace en otros países, la Guardia Civil pertenece a los ministerios de Defensa. Ése es el modelo que vamos a llevar a cabo, desde luego a partir de una iniciativa que voy a enviar al Congreso”, puntualizó López Obrador.
Para el Andrés Manuel de 2021, “era un absurdo” que antes no se pudiesen usar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad e, instalado en su propia realidad, aseguró que gracias a la militarizada Guardia Nacional lograron “detener” los homicidios, así como “disminuir” el secuestro y otros delitos.
Sin embargo, hay otros datos –para hablar en sus mismos términos- que no cuadran con esos dichos, pues la Guardia Nacional ha sido ocupada preponderantemente para actividades que difícilmente incidirían en las estadísticas sobre delitos del fuero común, pero que sí impactan en otras áreas, como los derechos humanos.
De acuerdo con un estudio realizado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) sobre la Guardia Nacional en el estado –publicado en el mes de mayo pasado-, hacia octubre de 2020 Veracruz ocupaba el cuarto lugar nacional en cuanto a presencia de elementos de la Guardia Nacional en su territorio con cuatro mil 198, detrás del Estado de México, Michoacán y Oaxaca.
El mismo estudio refleja que desde el primer despliegue de la Guardia Nacional en Veracruz, en abril de 2019, la incidencia delictiva apenas si se modificó, pues ese año los delitos bajaron de cuatro mil 643 a cuatro mil 107. Pero en 2020 volvieron a aumentar un 18.6 por ciento hacia el mes de junio.
El estudio refiere que las “acciones más relevantes que se han registrado de la coordinación entre la Guardia Nacional y las autoridades estatales de Veracruz están vinculadas a operativos para contener el tránsito y tráfico de migrantes; otras se relacionan con labores de seguridad pública contra secuestro y robo en casa habitación”.
Incluso, citan las notas periodísticas que mencionan a la Guardia Nacional inmovilizando gasolineras que vendían litros incompletos o su participación en operativos “para evitar aglomeraciones que faciliten la propagación del covid-19”.
Pero sin duda, la “labor” en la que la Guardia Nacional ha tenido mayor protagonismo ha sido la contención de los flujos migratorios.
Casede señala que entre 2019 y 2020, en Veracruz llevaron a cabo mil 479 detenciones –que eufemísticamente también llaman “rescates”- de migrantes.
Para desempeñar esas tareas es que el gobierno quiere, además de los cinco cuarteles de la Guardia Nacional que ya existen en Córdoba, Cosamaloapan, Tuxpan, Las Choapas y ahora en Xalapa, construir otros seis en Papantla, Huatusco, Omealca, Sayula de Alemán, Pánuco y Coatepec.
Según el más militarista de los presidentes desde Gustavo Díaz Ordaz, la intención es “que no vuelva a suceder lo que aconteció con la Policía Federal, que primero estaba constituida en una Secretaría y luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo de corrupción, se pudrió”.
¿Y los militares no han sido corrompidos? Baste ver cómo se apoderaron del país los cárteles del narcotráfico, con su ayuda.
El show debe continuar
Sin muchas vueltas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, tuvo que admitir públicamente lo que es evidente para cualquier estudiante de primer semestre de derecho: que la mayoría de los delitos por los que podría enjuiciarse a los ex presidentes de México ya prescribieron. Lo que significa que no se pueden emprender acciones legales en su contra.
Pero la “4t” y sus corifeos siguen haciendo “show”… y el ridículo con la “consulta”.
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