.- La noche de este lunes, la Juez determinó que Rogelio “N”, permanecerá 8 meses en prisión preventiva, en tanto se realizan las investigaciones luego de que presuntamente cometió el delito de ultrajes a la autoridad.

Sus abogados defensores, consideraron que se trató de un exceso y que la audiencia estuvo plagada de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos del acusado.

“Él es detenido el día 13 de marzo al querer ejecutar una orden de aprehensión que no se ha ejecutado y finalmente lo detuvieron por un delito fabricado, por un delito meramente armado, por una supuesta agresión a un elemento de la Policia Ministerial, él se adolece de que se le rompió una playera de un costo aproximado de 325 pesos y es ridícula la forma de actuar por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes buscan fabricar un delito solapados por el Poder Judicial de Veracruz”, expresó la abogada Diana Armenta Ramírez.

Acusó que la Juez, sin tomar en cuenta las pruebas de la defensa, determinó imponerle a Rogelio “N” 8 meses de prisión preventiva, lo cual consideró un exceso, ya que la parte defensora había ofrecido otras opciones.

“Se solicitó firma periódica, garantía económica y no acercarse a la supuesta víctima, pero no le fue suficiente la solicitud por parte de la defensa; se ofrecieron datos de prueba consistente en un arraigo domiciliario lo cual ella desechó de plano y no los tomó en consideración. También se le dejó a disposición pasaporte y visa para efecto de mostrarle la buena fe, que no se tiene intenciones de escapar de la acción de la justicia lo cual desechó y no tomó ni siquiera en consideración”, dijo.

Mencionó que el actuar de la Juez, deja en claro que la autoridad estatal que se está imponiendo sobre el Poder Judicial.

Por ello, consideró que Rogelio “N” se trata de un perseguido político, ya que su detención se da días después de que se diera a conocer que buscaba una Diputación local.

“Lamentablemente es un perseguido político nuestro representado al igual que otros más. Necesitamos que la sociedad ponga atención en este caso porque representa una violación al Estado de derecho (...) Se está imponiendo el peso del Estado al Poder Judicial”.