Xalapa, Ver.- Desde hace 5 años, la Fiscalía General del Estado (FGE) es la instancia encargada de procurar justicia en Veracruz, sin embargo, en los últimos años, ha sufrido de un sinfín de acontecimientos que han puesto en duda su productividad.
Fiscales han ido y venido y actualmente, cuenta con una encargada de despacho a pesar de que dicha figura no está contemplada en la Ley. Pero, ¿cómo llegó hasta esta situación?
Fue el 30 de enero del 2015, que el Congreso del Veracruz decretó la entrada en vigor de la autonomía constitución de la Fiscalía General del Estado como un organismo autónomo, por lo que, desaparecería la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.
Esta última, era parte de la estructura del gobierno estatal, la cual, estuvo envuelta en escándalos en los años previos, cuando Reynaldo Escobar Pérez y Amadeo Flores Espinoza fueron procuradores.
Ante la salida de ambos, en 2014 el entonces gobernador Javier Duarte nombró a Luis Ángel Bravo Contreras como Encargado de Despacho de la PGJ, quien renunció al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), y posterior a ello, en 2015, y siguiendo las directrices del Pacto por México se creó la Fiscalía al mando de Bravo Contreras.
Él, es un reconocido abogado cordobés, quien ha ocupado diversos cargos importantes como la presidencia de la Barra de Abogados de Córdoba y del IVAI; también fue amigo cercano del ex gobernador Duarte de Ochoa.
Desde su llegada a la Fiscalía, las críticas fueron constantes. Colectivos de búsqueda de desaparecidos le recriminaban por no hacer su labor.
También se le criticó, incluso a nivel nacional, luego de que no lograra esclarecer la desaparición de cinco jóvenes de Tierra Blanca a manos de la policía estatal.
Ese mismo año (2016), decidió presentar su renuncia ante el Congreso Local, la cual, se haría efectiva en cuando Miguel Ángel Yunes tomara protesta como gobernador.
Fue entonces que Jorge Winckler Ortiz llegó a la Fiscalía, quien un año y cinco meses después (mayo 2018), estaría girando una orden de aprehensión en contra de su antecesor por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas, en su modalidad de entorpecer la investigación y por apoyar a que los responsables de su comisión eludieran la acción de la justicia.
El caso al que se vinculó, es el que se derivó del hallazgo de restos de al menos 19 personas en la barranca La Aurora, del municipio de Emiliano Zapata, reportado el 19 de enero del 2016.
Poco más de un mes después Bravo Contreras fue detenido, aunque gracias a un amparo desde noviembre de 2019 enfrenta el proceso en su contra en libertad.
Sin embargo, aunque Jorge Winckler trabajó de la mano del gobierno de Yunes Linares durante los dos años de su gestión, a la llegada de Cuitláhuac García a la gubernatura, en diciembre de 2018, comenzó una guerra entre el organismo a su cargo y el gobierno estatal.
El mandatario morenista, se la pasada culpando a Winckler Ortiz de no detener a los delincuentes, lo cual generó un incremento en el índice de violencia en la entidad.
Al mismo tiempo, que el fiscal denunciaba que el gobierno estatal carecía de una estrategia de seguridad.
Por su parte, el Secretario de Gobierno Eric Cisneros también se sumó a desprestigiar el trabajo de Jorge Winckler y constantemente anunciaba que sería retirado del cargo.
Incluso, desde el Congreso Local se intentó que procedieran dos juicios políticos en su contra, pero no se logró la mayoría de los votos.
Fue hasta septiembre de 2019, cuando la Comisión Permanente de la Legislatura, determinó separar de su cargo, de forma temporal, a Jorge Winckler, con el argumento de que no contaba con los exámenes de control y confianza ordenados por instancias federales.
Ese mismo día, nombraron a Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho de la FGE, quien laboraba en la Secretaría de Gobierno.
Su nombramiento fue sumamente criticado, toda vez que la ley no contempla la figura de encargada de despacho.
A su llegada al organismo, Hernández Giadáns aseveró que había un gran rezago en las carpetas de investigación y revivió una denuncia que Winckler Ortiz tenía en su contra, por lo que 20 días después, fueron liberadas dos órdenes de aprehensión, una por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y otra por presuntamente haber cometido actos de tortura.
Hasta el momento, este ex funcionario sigue prófugo.
Aunque parecía que la Fiscalía tendría un momento de estabilidad, el pasado 21 de enero, la encargada de despacho reconoció su parentesco con una presunta operadora de un grupo delictivo en el sur de Veracruz, lo cual, desató críticas a nivel nacional.
Pese a ello, se mantuvo en el cargo y actualmente buscaría ser ratificada, luego de que el pasado 26 de marzo, el Congreso Local determinara separar definitivamente de su cargo a Jorge Winckler, pese a que presentó un recurso de inconstitucionalidad, el cual sigue pendiente en instancias federales.
Cabe recordar que el 01 de mayo, fue lanzada la convocatoria para elegir al nuevo Fiscal General, a la cual, se inscribieron 21 aspirantes, entre ellos la actual encargada de despacho.
La semana pasada, la Junta de Coordinación Política realizó la fase de entrevistas, pero no lo hizo la Comisión de Justicia la cual era la encargada, ya que así fue determinado cuando se procedió a separar de su cargo de forma definitiva a Jorge Winckler, aunque dicha decisión también ha generado críticas de diversos actores sociales.
Finamente, se espera que este jueves, sea presentado ante el pleno la terna con quienes estarían mejor preparados para ocupar la fiscalía, aunque algunos rumores apuntan que todo el proceso fue una simulación, ya que se busca ratificar a Hernández Giadáns, dicho panorama no se sabrá hasta este jueves cuando se conozca la terna con los nombres de los aspirantes.
