Xalapa, Ver
.– Félix Romero Martínez, secretario de Trabajo del sindicato de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa adherido a la CTM, denunció públicamente presuntas irregularidades al interior de la organización sindical, señalando posibles violaciones a los estatutos, manejo irregular de recursos y riesgos para la estabilidad del contrato colectivo de trabajo.
Durante una conferencia de prensa, el dirigente sindical aseguró que desde hace aproximadamente ocho o nueve meses comenzaron una serie de conflictos internos tras su llegada al comité sindical.
Romero Martínez afirmó que una de las principales inconformidades gira en torno a la designación de la licenciada Rosario Piedra del Rosario como apoderada legal y titular de la representación del contrato colectivo, proceso que —dijo— no habría sido aprobado correctamente por la asamblea sindical.
“Yo no firmé eso, no me presté para darle la titularidad como apoderada legal. La asamblea dijo que no, pero aun así se impuso”, señaló.
El secretario de Trabajo acusó que, tras oponerse a dicha decisión, fue sancionado por órdenes del secretario general del sindicato, Franco Conde Eslava, a quien acusó de actuar de manera autoritaria y de imponerse sobre las decisiones de la asamblea.
“A mí me dijeron: ‘tú te vas castigado porque lo digo yo’, imponiéndose ante la asamblea”, declaró.
Asimismo, señaló que otro integrante del comité sindical también fue destituido bajo acusaciones de mantener comunicación directa con el patrón, pese a que sus funciones laborales requerían precisamente ese contacto institucional.
De acuerdo con Félix Romero Martínez, las irregularidades podrían poner en riesgo la validez del contrato colectivo de trabajo y afectar futuras revisiones salariales y contractuales.
“Si no está bien fundamentado el comité sindical, podría perderse el contrato colectivo y acabarse la relación obrero-patronal”, advirtió.
En otro tema, denunció posibles anomalías en el manejo de recursos sindicales, pues aseguró que existía una cuenta bancaria registrada a nombre del comité ejecutivo y que, para liberar recursos, se requerían varias firmas, incluida la suya.
“Yo tenía que firmar para que se entregaran esos recursos y desconozco cómo hicieron movimientos sin mi autorización”, señaló.
El dirigente indicó que estos hechos podrían derivar en posibles responsabilidades relacionadas con fraude o desvío de recursos.
Además, acusó al secretario general de permitir la pérdida de un bono económico ganado en 2024, destinado a entregarse a trabajadores a partir de 2025, por un monto superior a los tres millones de pesos.
“Era un bono de 3 millones 24 mil pesos y lo dejaron perder”, afirmó.
Explicó que presuntamente se modificó el esquema de revisión contractual para hacer pasar el proceso como una revisión acumulada de varios años, situación que —consideró— terminó afectando directamente a los trabajadores y jubilados.
Romero Martínez aseguró contar con pruebas documentales sobre las presuntas irregularidades ocurridas en los últimos meses.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades municipales, estatales e incluso federales para intervenir y revisar la situación interna del sindicato de CMAS Xalapa.
“Este contrato colectivo tiene historia, estuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. No me gustaría que por una sola persona se perdiera”, expresó.
También denunció un ambiente de intimidación dentro del sindicato y afirmó que varios trabajadores temen participar públicamente por posibles represalias.
Señaló directamente al secretario general, Franco Conde Eslava, de imponer miedo entre los agremiados y de impedir el acceso a asambleas sindicales a ciertos integrantes del comité.
“Ahorita el compañero no vino precisamente por miedo”, dijo.
Romero Martínez sostuvo que ni él ni otros integrantes del comité han sido destituidos formalmente conforme a los estatutos sindicales, ya que —aseguró— únicamente existen tres causales para dejar el cargo: enfermedad, renuncia o fallecimiento.
Finalmente, acusó que recientemente fueron señalados mediante oficios dirigidos a la alcaldesa de Xalapa y con copia al Gobierno del Estado como presuntos “aviadores”, situación que rechazó categóricamente.
“No nos dejan entrar a las asambleas y cuando intentamos hacerlo se ponen agresivos e intimidan a los trabajadores”, concluyó.
