Xalapa, Ver
Este jueves España se sumó a los seis países del mundo (Canadá, Nueva Zelanda, Colombia Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo) que aprueban la eutanasia asistida, tras el pase definitivo a la ley que regula la ayuda médica para morir como derecho y prestación sanitaria gratuita.
En España, este derecho lo podrán solicitar mayores de edad que sufran una enfermedad grave e incurable o algún mal que les genere dolencias constantes.
Asimismo quienes sufran algún padecimiento grave, crónico que los imposibilite o afecte su autonomía y genere un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.
No obstante, los requisitos para los solicitantes serán atendidos de manera constante, ya que ellos tendrán que estar informados de las alternativas y de los cuidados paliativos disponibles, así como confirmar al menos cuatro veces su decisión de morir, después el caso será analizado varias veces y podrán desistir en cualquier momento.
Los profesionales de la salud podrán ampararse ante la objeción de conciencia.
Una comisión de garantía y evaluación compuesta por personal médico de enfermería y juristas, supervisará cada caso y será responsable en última instancia de autorizarlo.
Después de pasar por el Senado, el Congreso español respaldó la ley finalmente hoy con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, 141 en contra y 2 abstenciones.
Entrará en vigor a los 3 meses después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Por otra parte, esta nueva aprobación generó opiniones divididas tanto en el ámbito político como en los ciudadanos, por un lado, la admisión fue impulsada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, las dos fuerzas parlamentarias que forman el gobierno de coalición español; por otro lado es rechazada totalmente por la oposición de conservadores (Partido Popular) y de extrema derecha (Vox).
Los ciudadanos se manifestaron el día de hoy frente al Congreso, en el lugar se reunieron familiares de enfermos que lucharon en vida por legalizar la eutanasia, pero, también personas convocadas por asociaciones católicas como Abogados Cristianos y Enraizados para protestar en contra de dicha legalización quienes portaban pancartas donde podían leerse lemas como “Gobierno de la muerte”, “Protege la vida” o “No hay derecho a matar”.
En declaraciones remitidas a los medios, el secretario general de los obispos católicos, Luis Argüello, consideró “mala noticia” la ley y lamentó que cada año mueran en España 60,000 personas con sufrimiento, según dijo, pudiéndose remediar con una política adecuada de cuidados paliativos.
