El Gobierno interino de Bolivia, que se hizo con el poder tras la dimisión del presidente Evo Morales, ha dado un nuevo peldaño en la crisis con España y México y ha declarado este lunes personas no gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, y a la embajadora de mexicana en La Paz, María Teresa Mercado, y a cuatro policías españolas, a los que ha dado 72 horas para abandonar el país.
"Este grupo de representantes de los gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia", aseguró la presidenta Jeanine Añez, en una comparecencia en Palacio de Gobierno de la Paz. "El Gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Alvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados", subarayó. "La conducta hostil [de estos funcionarios] intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar", concluyó.
Añez aludió al incidente que se produjo el pasado viernes a la entrada de la Embajada de México en La Paz, a donde la encargada de Negocios y el cónsul español acudieron, escolatados por cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía a invitación de la embajadora mexicana. Cuando los agentes españoles se disponían a recoger a los dos funcionarios de Exteriores, los policías bolivianos que mantienen rodeada la Embajada mexicana les impidieron el paso y grupo de civiles comenzó a increparlos y a golpear y zarandear sus vehículos, con matrícula diplomática. Al ver que los grababan y fotografiaban, los geo se cubrieron el rostro para evitar ser identificados.
Las autoridades bolivianas dieron pábula a la teoría de que la presencia de los policías españoles respondía al objetivo de sacar clandestinamente de la legación diplomática mexicana a la decena de exaltos cargos del Gobierno de Evo Morales que se encuentran allí refugiados y, en especial, a los exministros de Presidencia y Cultura, Juan Ramón Quintana y Wilma Alacona, contra quienes se han dictado órdenes de busca y captura.
La canciller boliviana, karen Longaric, envió una carta a su homóloga española, Margarita Robles, een el que protestaba "enérgicamente por el atropello realizado por funcionarios de su misión diplomática a la soberanía y dignidad del pueblo bolviano"; mientras que el ministro de Presidencia, Yerko Núñez, denunció "la existencia de un plan internacional para desestabilizar" a su Gobierno.
El Gobierno español reaccionó inicialmente con sorpresa ante el incidente diplomático. Ni el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ni Margarita Robles, encargada interinamente de la cartera de Exteriores, tenía noticia de la visita de los dos diplomáticos españoles a la Embajada mexicana en La Paz. Se enteraron cuando llegó a Madrid la noticia que los geos estaban siendo acosados a la entrada de la legación diplomática y de que no podían reoger a los funcionarios de Exteriores. Por eso, su reacción inicial fue emitir una escueta nota, ya en la madrugada del sábado, en la que se anunciaba la apertura de una "investigación" interna sobre lo sucedido.
Solo horas después, cuando fue tomando cuerpo la acusación de que la Emajada española participaba en una supuesta operación clandestina, Exteriores difunció un nuevo comunicado en el que aclaraba que la visita de la diplomática "era exclusivamente de cortesía" y negaba "royndamente que pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias".
La aclaración no parece haber convencido a las autoridades bolivianas. Fuentes gubernamentales españolas atribuyen la escalada a una "sobreactuación" del Gobierno de Jenine Áñez, que está ulilizando el incidente para buscar el respaldo de la población envolviédose en la bandera del nacionalismo frente a un supuesto "colonialismo español". La presidenta interina, que era segunda vicepresidenta del Senado, se hizo con el poder el pasado 10 de noviembre, tras la dimisión del presidente Evo Morales ante la falta de respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas y tras grabes sospechas de fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. La UE anunció inicialmente la "solución institucional" que representaba Añez ante el vacío de poder, pero con el compromiso de ir a unas elecciones que aún no se han convocado.
Los cuatro policías españoles cuya expulsión ha decretado ahora el Gobierno boliviano, junto a otros dos más, llegaron a la Paz el 14 de noviembre, cuatro días después de la dimisión de Morales y en medio de un recrudecimeitno de los disturbios. Estaba previsto que regresaran el pasado día 28, pero el incidente del día anterior ante la Embajada mexicana llevó a Interior a suspender su retrono a España.
Fuente: El País
