Xalapa, Ver
. - Una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y "El País"
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan los negocios ocultos de más de 3.000 mexicanos.
Entre ellos figuran los nombres de Julio Scherer, el secretario Jorge Arganis, el senador Armando Guadiana y los magnates Germán Larrea y María Aramburuzabala.
La caja de pandora se ha abierto en las élites mexicanas.
Una filtración con alrededor de 11,9 millones de documentos revela cómo algunos de los personajes más ricos y poderosos del mundo recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades fiscales.
Entre los más de 3.000 mexicanos que figuran en los Papeles de Pandora, la última investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y de la que forma parte EL PAÍS, están los nombres de Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.
El alcance de los documentos es amplio e incluye también a antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto, celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala.
Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador que renunció el pasado 2 de septiembre, era en 2017 el único propietario de una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de 3202 Turn Ltd.
La entidad, según el registro del despacho financiero Trident, tenía activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado.
Las acciones de la sociedad las había recibido en 2011 de manos de una familia de empresarios de México que estaban entre sus principales clientes.
De acuerdo a los documentos a los que ha tenido acceso esta investigación (registros de accionistas, actas constitutivas, bases de datos, entre otros) esa compañía offshore posee el 100% de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC.
Bajo el mismo nombre que la compañía en las Islas Vírgenes, hay registrada una en Florida: 3202 Turn LLC. Esa compañía es, a su vez, propietaria de un lujoso departamento con vistas al mar en una exclusiva zona de Miami.
El inmueble fue comprado en 2008 por 1,2 millones de dólares, pero actualmente alcanza un valor de mercado de 1,5 millones.
De acuerdo al registro oficial del condado de Miami-Dade, donde está ubicado el departamento, los impuestos de la vivienda los pagó Scherer Ibarra entre 2013 y 2016.
A partir de ese año, lo comenzó a satisfacer directamente la empresa 3202 Turn LLC.
Pese a que la entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, un año después de que Scherer pasó a formar parte del Gobierno mexicano, la compañía en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami. Scherer declinó responder las preguntas sobre las empresas y el departamento, y justificó que la investigación alude a un período en su carrera en el cual “no era funcionario público sino profesionista independiente”.
“Me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo”, ha dicho en respuesta a los medios.
Tampoco ha querido detallar por qué no lo registró en sus declaraciones patrimoniales cuando era funcionario.
¿Qué son los ‘Papeles de Pandora’? Diez claves para entender la investigación
Arganis, que llegó al Gabinete de López Obrador para sustituir a Javier Jiménez Espriú en julio de 2020, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas.
Entre 1998 y 2003, el actual titular de Comunicaciones y Transportes tuvo un poder general.
La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EE UU por un fraude multimillonario.
Arganis ha reconocido su participación en la sociedad, pero señala por escrito que fue creada como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes.
“Cabe aclarar que mis recursos eran producto del ejercicio profesional en el sector privado”, ha asegurado.
El secretario agrega que aún no ha recuperado su inversión, pero no aclara si sigue vinculado a la firma ni si declaró esos bienes ante las autoridades mexicanas.
La empresa no está incluida en la declaración patrimonial que debe presentar como funcionario público.
En la cartera de clientes de Stanford también figuraba Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y secretario de Agricultura con Peña Nieto, con dos fideicomisos estadounidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust.
Su hermana, su esposa y sus tres hijos se enlistan como beneficiarios de ambas estructuras fiduciarias, según los documentos de Alcogal, la segunda fuente más grande de archivos en la filtración.
En una carta, Martínez y Martínez ha respondido que buscaba tener “una inversión segura en dólares” y un “rendimiento competitivo”.
El político asegura que no incluyó estos bienes en sus últimas declaraciones patrimoniales porque el fraude de Stanford representó un “fuerte quebranto” para su patrimonio familiar y porque el banco ya se había declarado en quiebra, por lo que nunca pudo recuperar ese dinero.
“Si hubiera alguna falta no ha sido intencional ni con propósito de omitir el cumplimiento a una obligación”, detalla.
El senador Armando Guadiana, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido en el Gobierno, también aparece junto a su familia como cliente de Stanford.
El político, conocido por sus negocios en el sector carbonífero en el norte del país, abrió en 2007 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que tenía como propiedad 50.000 acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited.
La estructura fue creada a través del agente Alcogal con un depósito inicial de 250.000 dólares y el senador aparece como el único beneficiario hasta su muerte, momento en el cual sus cuatro hijos pasan a ser beneficiarios en partes iguales, según solicitó él mismo al agente.
Guadiana reconoció en entrevista con los autores de la investigación la creación de la estructura para un proyecto minero en Colombia, pero ha asegurado que no invirtió en ella y solo nombró a los hijos “como nombra uno al papá, al hermano o a cualquier otra persona”. Aunque en los documentos realizados con el agente financiero dijo tener un patrimonio de 28 millones de dólares, Guadiana ha explicado que su declaración patrimonial no registraba ese monto por “error” de sus contadores.
“Me atonté en el asunto de la Declaranet”, dijo en referencia al sitio web donde realizan las declaraciones patrimoniales los funcionarios públicos.
Julia Elena Abdala Lemus, pareja desde hace 20 años del poderoso director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aparece vinculada a Roybell International Inc, una compañía creada en Panamá en diciembre de 2011 con un capital inicial de 10.000 dólares.
La empresaria, que se vio envuelta en una polémica en 2019 después de que una investigación periodística revelara las millonarias propiedades que posee, tomó el control total de la sociedad panameña en diciembre de 2017.
En esa fecha se canceló el certificado previo de acciones del primer propietario y se emitió uno nuevo a su favor.
Además, los directivos de la offshore le otorgaron un poder para abrir y operar una cuenta en el Bank Lyford International Band en Las Bahamas.
Abdala Lemus no ha contestado a múltiples solicitudes de comentarios.
Empresarios y aliados políticos del expresidente Enrique Peña Nieto crearon empresas o fideicomisos en paraísos fiscales para resguardar sus fortunas o para comprar inmuebles y yates.
Estos entramados financieros les permitieron resguardar sus bienes con la garantía del máximo secreto, ya que sus nombres no aparecen en los registros mercantiles.
Entre las figuras allegadas al exmandatario priista está Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera. Pierdant constituyó tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas en 2009 y 2012 con el propósito de usarlas como un “vehículo de inversión”. Consultado al respecto negó que las compañías estuvieran relacionadas a Peña Nieto o su familia y aseguró que son totalmente lícitas, pero no fueron utilizadas.
“Jamás han tenido actividad ni movimiento económico alguno”, reiteró. Juan Armando Hinojosa, el constructor de la polémica Casa Blanca, aparece en la filtración con una sociedad constituida en 2010 para la compra, venta y tenencia de valores financieros.
Carlos Peralta Quintero, uno de los empresarios consentidos de la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio anterior, está vinculado a tres empresas con las que pretendía adquirir un yate y un bien inmobiliario.
Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de quien fue candidato presidencial por el PRI en el 2000 Francisco Labastida Ochoa, aparece en los documentos vinculado a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que fue constituida en agosto de 2006.
Labastida Gómez de la Torre, quien fue secretario de desarrollo económico en Sinaloa en 2016, se convirtió en accionista mayoritario de la empresa Fuentes Pyasa Corp en junio de 2008 tras adquirir 20.000 acciones.
Esta compañía era la propietaria de una embarcación denominada “Pez Gordo”. En una actualización hecha por Trident Trust en 2014 a las estructuras bajo su registro, se lee que la empresa había sido cerrada.
En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación, Labastida Gómez de la Torre detalló que la empresa de la cual adquirIó los derechos de uso de la embarcación no ha tenido operaciones mercantiles.
“Yo fui un comprador de buena fe, con la intención de comprar un paquete accionario que me ofreciera los derechos para hacer uso y disfrutar de una embarcación turística y no para llevar a cabo ninguna otra operación mercantil”.
Invertir y crear empresas en paraísos fiscales no es un delito. Sin embargo, en el menú de servicios financieros offshore prima el anonimato y mecanismos legales que permiten eludir el pago de impuestos en los países de origen de quienes las crean.
“Mientras entre el dinero, ellos no hacen preguntas”, señala la organización Tax Justice Project. Ahí es cuando la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa.
“Se supone que a través de la figura del fideicomiso o de la offshore [la idea] es esconder papel tras papel tras papel a quién pertenece realmente”, apunta Iván Octavio Rojas, presidente del Colegio Fiscal de México.
El abogado Luis Pérez de Acha señala que a menudo se justifican estas operaciones como “dinero legalmente oculto” para administrar un patrimonio o por cuestiones de seguridad, sobre todo en países con índices delictivos como México.
Sin embargo, estas estructuras suelen ser tan opacas que pueden convertirse en campo fértil para delitos como lavado de dinero, fraude fiscal y actos de corrupción.
“Son empresas fantasma”, afirma Pérez de Acha, “el rastreo del dinero por parte de los gobiernos se complica bastante”.
Aunque México cuenta con acuerdos de intercambio de información fiscal con algunas jurisdicciones, como las Islas Vírgenes Británicas, es poco común que ocurran este tipo de peticiones.
Fuentes diplomáticas consultadas corroboraron que es muy complicado para las autoridades mexicanas monitorear la actividad de inversionistas offshore.
“En cuanto al uso, normalmente podemos encontrar a multinacionales mexicanas y también a individuos con patrimonios de alto valor”, señala César Catalán, portavoz del Colegio de Contadores Públicos, aunque en su opinión “el 99%” de los casos son legales.
Aramburuzabala, la mujer más rica de México, adquirió dos aviones privados y movió al menos 40 millones de dólares al extranjero a través del Sky Chariot Trust, un fideicomiso en Nueva Zelanda que controlaba a una empresa homónima en Delaware, uno de los Estados con la tasa impositiva más baja de EE UU. La empresaria, que no respondió a múltiples solicitudes de comentarios, también utilizó otras sociedades estadounidenses y escocesas para hacerse de propiedades en Utah y Nueva York, con un valor conjunto de siete millones de dólares y sin que ella apareciera por nombre en los registros de la propiedad.
Larrea, el segundo hombre más acaudalado del país, es el único accionista y director de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas que, a su vez, controlaban a otras sociedades estadounidenses que son propietarias de bienes raíces en zonas exclusivas de EE UU.
Los apartamentos del dueño de Grupo México registrados a nombre de empresas de papel incluyen residencias en Vail (Colorado) y Chicago, entre otros, con un valor conjunto por 36,9 millones de dólares, según los archivos del despacho Trident, la mayor fuente de documentos en la filtración.
El empresario no respondió a un cuestionario al respecto.
Las Islas Vírgenes Británicas fueron el destino predilecto de los mexicanos en la filtración.
Una solicitud de información a la Fiscalía General de la República da cuenta de que desde 2010 solo se ha atendido una petición de colaboración e intercambio de información judicial entre el archipiélago y las autoridades mexicanas, dos siguen en trámite desde 2018.
Chuck Collins, autor de Los acumuladores de riqueza: cómo los multimillonarios pagan millones para ocultar billones, afirma que hay ejércitos de abogados y asesores que trabajan a favor del 1% más rico del mundo, con esquemas de opacidad que se han vuelto injustificables.
“Los mayores perdedores son los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes dependen de que haya seguridad social y servicios públicos de calidad”, comenta el especialista, “todo ese sistema sufre cuando los ricos no pagan su parte”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculan que la evasión fiscal provoca pérdidas anuales del 4% del PIB en México.
Todo esto en un país donde el 1% de los mexicanos más ricos concentra el 29% de los ingresos y las 50 empresas más grandes representan alrededor del 40% del PIB, según Naciones Unidas.
“¿Cómo se puede sacar dinero de un país saqueado y llevarlo a un paraíso fiscal sin que pase nada? Es inmoral”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera del 18 de agosto de 2020.
En enero del año pasado entró en vigor la Reforma Fiscal Penal, con la promesa de atacar la evasión y el fraude fiscal. “[Se dijo] que se había acabado la fiesta de las empresas fantasma y el mensaje político-mediático fue muy poderoso, pero ya pasó año y medio y no ha sucedido nada”, lamenta Pérez de Acha.
A pesar de los esfuerzos por acabar con las condonaciones a los grandes contribuyentes, México sigue teniendo una tasa de recaudación de impuestos que fluctúa entre el 14% y el 17% con relación al PIB, según distintas metodologías, menos que el 22,9% que promedia América Latina y que el 33,8% de los países de la OCDE.
Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univisión) colaboraron en la elaboración de este reportaje.
