Xalapa, Ver
El presidente de la Coalición Estatal de la Diversidad Sexual del Estado de Veracruz, Benjamín Callejas, aseveró que las autoridades estatales y los legisladores, tienen una deuda histórica en el reconocimiento de los derechos humanos igualitarios de la comunidad LGBTTI en la entidad.
Y es que aseveró que aunque en cada proceso electoral los candidatos utilizan a la comunidad como “bandera” para simpatizar y obtener votos, hasta la fecha no les han cumplido.
En ese tenor, criticó que el actual gobierno es ejemplo claro de ello.
“Este gobierno le apostó a los derechos humanos igualitarios en el estado, incluso presentó una agenda nacional del tema, pero hasta la fecha ni siquiera nos han querido recibir para expresar nuestras inquietudes, y a pesar de haber metido varios oficios para abrir las mesas interinstitucionales para que dieran respuesta de manera integral a la problemática de la diversidad sexual”, denunció.
Mencionó que en según las promesas de campaña, el gobernador dijo que se instalarían mesas institucionales donde se convocaría a todos los secretarios del gabinete para dar atención a las problemáticas d la comunidad, algo que no se ha hecho, “parece ser que al gobernador le es indolente la demanda de la comunidad”.
Además, criticó que algunos legisladores también se “colgaron” de la comunidad pero no cumplieron con temas como el matrimonio igualitario y ahora incluso pretenden dejar el cargo para reelegirse.
“No vemos una voluntad por parte del Congreso en donde se quiera dar por fin el tema del matrimonio igualitario para el estado, no vemos que haya el avance legislativo en el tema de la Ley de Identidad Trans, no vemos que haya la voluntad de legislar el tema de diversidad sexual como acceder a todos los derechos para todas las personas, realmente es una deuda muy grande” dijo.
Benjamín Callejas, dijo que no buscan ser enemigos del gobierno o los legisladores, y tampoco pretenden amenazar con votos de castigo, sino buscan hacer conciencia entre los funcionarios para que cumplan con su obligación de que procuren, garanticen, promuevan y difundan los derechos humanos para todas las personas.