.- Desde que asumió el cargo como titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel ha desplegado una inusual actividad relacionada con Veracruz, su estado natal, al que parece haber descubierto de pronto como una plataforma de promoción personal y política.
Su conducta llama la atención porque la ASF no es una dependencia de relaciones públicas. El auditor superior tiene una función eminentemente técnica.
Su responsabilidad es revisar el ejercicio de los recursos públicos federales, identificar irregularidades y promover las acciones correspondientes. No hacer recorridos de posicionamiento ni construir una narrativa de arraigo territorial. Sin embargo, los movimientos de Hernández Palacios comienzan a parecerse cada vez más a los de alguien que tiene aspiraciones distintas de las que corresponden a su encargo institucional.
Hace unas semanas estuvo en Xalapa para participar en un evento de la Universidad Veracruzana. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo peculiar vino cuando aprovechó su estancia para publicitar en sus redes su visita a las tumbas de algunos de sus parientes ilustres, en una suerte de reivindicación genealógica destinada a demostrar que posee alguna clase de “prosapia” veracruzana.
Como si los apellidos fueran credenciales suficientes para acreditar pertinencia política. Aureliano Hernández Palacios es prácticamente un desconocido para la inmensa mayoría de los veracruzanos.
Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la fiscalización federal, lejos de la vida pública y política de la entidad.
De ahí que resulte llamativo ese repentino interés por exhibir sus raíces familiares y presentarse como heredero de una tradición local.
No sería la primera vez que una posición federal se utiliza como trampolín para construir un proyecto político estatal. Pero sí sería particularmente delicado que esa plataforma fuera la Auditoría Superior de la Federación, una institución cuya credibilidad depende, precisamente, de mantenerse al margen de ambiciones partidistas.
El episodio adquiere otra dimensión al recordar el desencuentro que Hernández Palacios tuvo con la gobernadora Rocío Nahle, luego de que la ASF solicitara información sobre la nómina completa del magisterio veracruzano.
La mandataria reaccionó con evidente molestia ante el requerimiento, que implicaba revisar información de miles de trabajadores de la educación para detectar posibles irregularidades en el ejercicio de recursos federales.
Aun cuando la solicitud estaba dentro de las facultades fiscalizadoras de la ASF y los resultados de la revisión arrojaron que la SEV les pagaba hasta a los muertos, aquel desencuentro adquirió matices que van más allá de una mera diferencia administrativa.
Hernández Palacios acaba de ofrecer otro motivo para desconfiar de la independencia con la que debiera conducir el organismo que, en el papel, sigue siendo “autónomo”.
Esta misma semana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente que la ASF revisara las contrataciones realizadas por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral durante los últimos 25 años, en medio del escándalo por los contratos multimillonarios y las presuntas irregularidades vinculadas con la gestión de Guadalupe Taddei.
La petición presidencial tiene un objetivo político claro y hasta descarado: desplazar la atención de los señalamientos contra la defenestrada exfuncionaria, que llegó a la presidencia del INE durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y extender las sospechas hacia las administraciones anteriores, particularmente la encabezada por Lorenzo Córdova, a quien el morenato le profesa un odio enfermizo.
Y la ASF respondió con una diligencia verdaderamente “asombrosa”. En un comunicado publicado minutos después de la petición presidencial, anunció una investigación de oficio sobre las contrataciones de todos los organismos electorales locales, el INE y el antiguo IFE; un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025; y una auditoría integral al instituto electoral y al gasto federalizado ejercido por los OPLEs.
Prácticamente el mismo alcance que había planteado Sheinbaum, demostrando una obediencia escandalosa para un organismo que presume autonomía técnica y de gestión.
Si ahora resulta necesario revisar todas las contrataciones electorales de los últimos 25 años, ¿qué ocurrió con las auditorías que la propia ASF realizó durante ese mismo periodo? ¿Pasaron por alto anomalías que ahora se presentan como descubrimientos? ¿Fueron incompetentes o corruptos en el ente fiscalizador? ¿O simplemente se pretende volver a revisar lo ya fiscalizado porque así conviene a la narrativa oficial?
La decisión equivale a poner bajo sospecha el trabajo de la propia ASF durante uncuarto de siglo. Y resulta que Aureliano Hernández no puede presentarse como un recién llegado que desconoce su funcionamiento. Por el contrario, lleva años dentro de su estructura y fue colaborador cercano de David Colmenares Páramo, su antecesor en el cargo. Es decir, forma parte de la misma maquinaria institucional cuyas revisiones históricas ahora pretende someter a un nuevo escrutinio.
La ASF arrastra sus propios escándalos internos. La exdirectora general de Auditoría Forense del organismo, Muna Dora Buchahin, ha denunciado públicamente la existencia de un “cártel de la fiscalización”, una estructura de intereses y complicidades que habría operado bajo el mando de David Colmenares. Sus acusaciones alcanzan al entorno de colaboradores del anterior auditor, del que formó parte Hernández Palacios.
¿Con qué autoridad institucional se pretende revisar un cuarto de siglo de fiscalización electoral sin explicar primero las deficiencias, omisiones y posibles responsabilidades de quienes encabezaron las revisiones anteriores? ¿Cuántas habrán prescrito ya? Y sobre todo, ¿cómo confiar en la independencia de un auditor que atiende con celeridad los deseos presidenciales, dándoles la categoría
de órdenes? Aureliano Hernández Palacios tendría que estar dedicado a demostrar que la ASF puede actuar sin consignas ni cálculos partidistas. Pero parece estar más preocupado por construir capital político en lugar de preservar la independencia
del órgano que dirige.
Un auditor en campaña en lo que termina convertido es, necesariamente, en brazo ejecutor.
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