Xalapa, Ver
¡Piden "piso parejo" para el gremio!
.- Representantes de organizaciones de taxistas de distintas regiones del Estado solicitaron una audiencia con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle para abordar temas relacionados con la actualización de las tarifas del servicio, la regulación de las plataformas digitales de transporte y la armonización de la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
En conferencia de prensa, Pedro Fernández Fernández, presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz e integrante de la comisión estatal conformada por diversas organizaciones del gremio, informó que el documento que entregarán está respaldado por alrededor de 45 organizaciones de transportistas.
El dirigente explicó que el exhorto también está dirigido al gabinete estatal y a los diputados de la LXVII Legislatura, a quienes pidió respetar la Constitución, la Ley 589 de Tránsito y Transporte del Estado y su reglamento.
Solicitan revisión de tarifas
Pedro Fernández señaló que las tarifas del servicio de taxi deben determinarse mediante un estudio socioeconómico y técnico, tal como establece la legislación vigente, estudio que —afirmó— ya fue presentado previamente al Gobierno del Estado.
Indicó que las tarifas actualmente difundidas en la Gaceta Oficial fueron publicadas sin consultar al gremio, por lo que insistieron en la necesidad de instalar una mesa de diálogo en la que participen autoridades, concesionarios y usuarios.
Explicó que, de acuerdo con los estudios realizados por su equipo jurídico, la tarifa mínima debería ubicarse entre los 45 y 50 pesos, argumentando que el incremento en el precio de los combustibles, el mantenimiento vehicular y las condiciones de las vialidades hacen insostenible operar con tarifas inferiores.
"No es posible que un litro de gasolina cueste alrededor de 28 pesos y pretendan que un servicio mínimo se cobre en 27 pesos", expresó.
Asimismo, reconoció que muchos operadores actualmente cobran entre 40 y 46 pesos mediante acuerdos previos con los usuarios, debido a que las tarifas oficiales no permiten cubrir los costos de operación.
No rechazan las aplicaciones, sino el uso de vehículos particulares
Los representantes aclararon que no están en contra de las aplicaciones digitales como herramienta tecnológica, sino de que el servicio público de transporte se preste mediante vehículos particulares sin concesión, situación que, aseguraron, contraviene la Ley 589 y diversas disposiciones legales.
Pedro Fernández sostuvo que las plataformas pueden ser utilizadas por taxis concesionados, siempre que exista regulación y se respete el marco jurídico.
En ese sentido, Víctor Herminio González Rivera, secretario general de la Federación República de Trabajadores del Estado de Veracruz, adherida a la Confederación de Obreros y Empleados de México, informó que ya presentaron al Gobierno del Estado un proyecto para desarrollar una aplicación exclusiva para taxistas concesionados, supervisada por la Secretaría de Seguridad Pública.
Explicó que esta herramienta permitiría brindar mayor seguridad tanto a usuarios como a operadores, además de ofrecer seguimiento en tiempo real de los servicios.
Piden "piso parejo" para el gremio
Por su parte, Gustavo Hernández Pérez, representante de la Unión de Taxistas Libres de la Comunidad Central de Veracruz, adherida al G-10, aseguró que los concesionarios cumplen con obligaciones como el pago de concesiones, seguros, licencias tipo A, revistas vehiculares y demás requisitos establecidos por la autoridad.
Sin embargo, afirmó que los vehículos particulares que operan mediante plataformas digitales no enfrentan las mismas obligaciones.
"Queremos piso parejo", manifestó.
Añadió que, según estimaciones del gremio, en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río circulan entre 2 mil y 3 mil vehículos particulares prestando este tipo de servicio, mientras que en Xalapa estiman que ya operan alrededor de mil unidades, lo que, aseguran, ha reducido considerablemente la demanda del servicio de taxi.
Los dirigentes señalaron que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la afectación económica para los taxistas alcanza aproximadamente el 40 por ciento, mientras que en Xalapa calculan una disminución cercana al 30 por ciento en los servicios.
Rezago en movilidad y comité técnico
Durante la conferencia también solicitaron la instalación del Comité Técnico de Transporte en la modalidad de taxis, con el propósito de que los concesionarios participen en las decisiones relacionadas con reformas legales y políticas públicas del sector.
Además, señalaron que Veracruz mantiene un rezago de casi tres años en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada a nivel federal, la cual contempla mecanismos de participación ciudadana para la elaboración de políticas públicas en materia de transporte.
Los transportistas pidieron ser incluidos en ese proceso de armonización legislativa.
Señalan problemas para emplacar taxis en Veracruz
Gustavo Hernández también denunció que desde noviembre de 2024 permanece cerrada la oficina encargada del emplacamiento de taxis en el puerto de Veracruz, por lo que los concesionarios han tenido que tramitar permisos provisionales en Xalapa para poder circular.
Añadió que actualmente dichos permisos tienen vigencia hasta el 31 de diciembre, aunque anteriormente se expedían por periodos de 90 días.
Comentó que, según la información que les han proporcionado, la oficina podría reanudar operaciones hasta enero de 2027, situación que calificó como un problema administrativo ajeno a los concesionarios.
Buscan diálogo con el Gobierno del Estado
Finalmente, Víctor Herminio González Rivera hizo un llamado a los transportistas de toda la entidad para sumarse al movimiento y respaldar el documento que será entregado a la gobernadora, con el objetivo de solicitar una audiencia formal.
Los representantes del gremio reiteraron que buscan un diálogo institucional que permita revisar las tarifas, regular la prestación del servicio mediante plataformas digitales y garantizar condiciones equitativas para quienes operan bajo el esquema de concesión estatal.
