Xalapa, Ver
.- Nayely Vanessa Narváez Sánchez hizo pública una denuncia en la que solicita la revisión de un proceso familiar que enfrenta ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar, al considerar que durante el desarrollo del procedimiento fueron vulnerados los derechos y el bienestar emocional de sus dos hijos menores de edad.
En comunicado de prensa y durante una conferencia con medios de comunicación, la madre afirmó que su intención no es obtener privilegios ni influir en las decisiones judiciales, sino que se investiguen los hechos, se revisen las actuaciones de las autoridades involucradas y se garantice el interés superior de la niñez.
Señala que proceso inició cuando su hija tenía 11 meses
De acuerdo con Narváez Sánchez, el conflicto legal comenzó cuando su hija tenía apenas 11 meses de edad y aún se encontraba en etapa de lactancia, momento en que se determinó su entrega a familiares del padre dentro de un procedimiento judicial.
Explicó que durante el desarrollo del juicio manifestó en diversas ocasiones situaciones que, desde su perspectiva, representaban riesgos para la menor, aportando documentos, pruebas y observaciones ante las autoridades correspondientes.
Posteriormente, indicó, se establecieron convivencias supervisadas mediante el Centro Estatal de Convivencia Familiar (CECOFAM), periodo en el que aseguró haber advertido diversas circunstancias que, a su juicio, no quedaron reflejadas en los informes elaborados por el personal responsable.
Afirma que denunció presunto abuso y que existían medidas de protección
La denunciante sostuvo que, conforme avanzaron las convivencias, comenzó a observar conductas que consideró alarmantes en su hija, por lo que presentó una denuncia por un presunto abuso sexual.
Precisó que la denuncia fue presentada el 1 de marzo de 2026, derivando en la apertura de la carpeta de investigación 154/2026, además de la emisión de medidas de protección a favor de la menor.
Señaló que informó personalmente al juez Maximino Contreras Rosales sobre la existencia tanto de la carpeta de investigación como de las medidas de protección, además de entregar por escrito la documentación correspondiente.
Sin embargo, afirmó que, pese a ello, posteriormente se ordenó la restitución de la menor con su padre sin que, desde su conocimiento, hubieran concluido previamente las investigaciones relacionadas con la denuncia.
Asimismo, aseguró que nunca fue solicitado un informe oficial al CECOFAM para integrar información adicional al expediente antes de emitirse dicha determinación.
Cuestiona resolución judicial
Narváez Sánchez manifestó que inicialmente una solicitud de restitución fue negada bajo el argumento de que era necesaria mayor información relacionada con la carpeta de investigación.
No obstante, afirmó que posteriormente el mismo juzgado ordenó la restitución de la menor con su progenitor, decisión que considera contradictoria y que, desde su perspectiva, no tomó en cuenta el interés superior de la niña.
Durante la conferencia señaló que desconoce las razones que motivaron ese cambio de criterio y pidió que la actuación del juez sea revisada por las autoridades competentes.
Denuncia presuntas agresiones durante diligencia
La madre relató que la diligencia de restitución fue ejecutada en su domicilio con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal del juzgado.
Aseguró que durante el operativo fue agredida físicamente por una oficial, quien —según su versión— la dejó descubierta de la parte superior del cuerpo mientras otros servidores públicos presenciaban los hechos sin intervenir.
También denunció que su madre fue golpeada cuando intentó ingresar para auxiliarla y su hijo presenció toda la diligencia.
Narváez Sánchez afirmó que su hija fue retirada del domicilio descalza, vistiendo únicamente ropa para dormir y sin ropa interior, debido a que momentos antes se le había retirado el pañal.
Asimismo, rechazó la versión de que la menor hubiera aceptado irse voluntariamente con su padre.
“¿Qué puede responder una niña de dos años que ni siquiera comprende lo que está ocurriendo?”, expresó.
Señala afectaciones emocionales en ambos menores
La denunciante aseguró que su hija presentó signos de miedo, inmovilidad y estado de shock durante la ejecución de la diligencia.
De igual forma, sostuvo que su otro hijo permaneció llorando y aterrorizado al presenciar lo sucedido y que actualmente presenta afectaciones psicológicas derivadas de esos acontecimientos.
Consideró además que durante el operativo no existió una contención psicológica adecuada para proteger el bienestar emocional de ambos menores.
¡Declaraciones son respaldadas en video grabaciones!
Narváez Sánchez informó que cuenta con grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio.
De acuerdo con el comunicado, dicho material mostraría el ingreso del personal actuante, el desarrollo de la diligencia, la actuación de los funcionarios participantes, así como las reacciones de los menores antes, durante y después del procedimiento.
Indicó que los videos se encuentran a disposición de las autoridades competentes y de los organismos facultados para revisarlos.
Solicita investigar actuación de funcionarios
La madre señaló que en la diligencia participaron diversos servidores públicos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar, entre ellos la secretaria de acuerdos Isaura Leonor Xolot Cadena, la fiscal adscrita a juzgados civiles y familiares Ana Berenice Díaz Howes, el actuario José Roberto Villa Sequera, el oficial administrativo Miguel Elías Pulido Sosa, además de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Solicitó que la actuación de todos ellos sea revisada por las instancias competentes.
Acusa omisiones y presunta corrupción
Durante la conferencia, Narváez Sánchez afirmó que presentó denuncias contra las personas que participaron en la diligencia y pidió que se investiguen las decisiones adoptadas dentro del procedimiento.
Asimismo, expresó su sospecha de que pudiera existir un posible acto de corrupción relacionado con el caso, aunque no presentó pruebas públicas que acrediten esa afirmación y solicitó que las autoridades competentes esclarezcan los hechos.
También señaló que el padre de la menor, identificado por ella como Gabriel Rivera Hernández, trabaja en la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y afirmó que cuenta con antecedentes de consumo de alcohol, drogas y conductas violentas, aseveraciones que forman parte de su denuncia y cuya veracidad corresponde determinar a las autoridades mediante las investigaciones en curso.
Pide privilegiar el interés superior de la niñez
Como parte de sus solicitudes, Narváez Sánchez pidió que se investiguen de manera imparcial las actuaciones realizadas dentro del procedimiento, que se revise el actuar de los servidores públicos involucrados, que se valore adecuadamente la carpeta de investigación existente y que se garantice la protección física, emocional y psicológica de sus hijos.
Asimismo, solicitó que cualquier decisión judicial priorice el interés superior de la niñez y que ningún menor sea colocado en una situación de vulnerabilidad mientras existan investigaciones pendientes.
“No busco confrontación ni privilegios. Busco justicia, transparencia y que los derechos de los menores sean colocados por encima de cualquier interés o formalidad”, concluyó.
