.- La diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Elízabeth Morales García, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz, con el objetivo de garantizar una atención inclusiva y accesible en los diferentes servicios, principalmente en materia de salud.

La propuesta surge ante un contexto en el que, de acuerdo con estimaciones recientes, en Veracruz, más de un millón de personas adultas mayores enfrentan diariamente obstáculos como pobreza, limitaciones físicas o falta de acceso a tecnología, lo que se agrava cuando los servicios solo están disponibles por medios digitales.

La iniciativa plantea incorporar en la legislación el derecho a una atención inclusiva, estableciendo que ninguna persona adulta mayor sea obligada a utilizar herramientas digitales para acceder a servicios.

Del mismo modo que las instituciones públicas y privadas garanticen alternativas reales de atención, como servicios presenciales, telefónicos o asistidos, con personal capacitado, mecanismos visibles y un trato digno.

“Hoy en día, realizar trámites, acceder a servicios de salud o interactuar con instituciones requiere el uso de plataformas digitales, aplicaciones móviles o códigos QR. Para muchas personas adultas mayores, esto no representa una facilidad, sino una barrera”, señaló.

En este sentido, la legisladora advirtió que la creciente digitalización de servicios públicos y privados, aunque representa avances en eficiencia, también ha generado nuevas formas de exclusión, particularmente para quienes no cuentan con acceso a dispositivos electrónicos, conectividad o conocimientos digitales.

Morales García subrayó que esta situación constituye una forma de discriminación indirecta, prohibida por el marco constitucional mexicano y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al afectar de manera desproporcionada a un grupo en condición de vulnerabilidad.

Por lo anterior, puntualizó que esta iniciativa busca asegurar que el acceso a los derechos no dependa del dominio de la tecnología, y reafirmar que en Veracruz la modernización debe ir de la mano con la inclusión.

Las medidas propuestas no implican la creación de nuevas estructuras ni un incremento en el gasto público, sino un cambio en la forma en que se brinda la atención, priorizando la inclusión.