Xalapa, Ver
Integrantes de la asociación “Empresas SOS”, se manifestaron al exterior del Palacio de Gobierno, para exigir a las autoridades estatales que les informen cuando iniciarán con los pagos pendientes a proveedores.
En entrevista, el representante de la asociación, Jesús Castañeda Nevárez, celebró que se haya anunciado que habrá un recurso especial para cumplir con pago por medio del modelo de factoraje, sin embargo, pidió certeza, ya que desde 2019 se les dijo lo mismo, pero hasta la fecha no les han cumplido.
“Tenemos toda la documentación de lo que nosotros hemos reclamado, nosotros no tenemos ningún problema en la comprobación, todas nuestras empresas han cubierto a satisfacción todas las exigencias y estamos listos para que se nos pague, pero ni se nos ha dado ninguna claridad respecto a los dictámenes de procedencia y tampoco se nos ha dicho si estamos o no en el tema de los pagos”, expresó.
Recordó que el tema del factoraje se anunció por primera vez en noviembre de 2019. El mismo anuncio se hizo en febrero de 2020 y posteriormente en mayo y agosto del mismo año sin que a la fecha realmente se haya concretado.
A muchas empresas se les adeuda desde 2016 e incluso algunas ya cerraron sus puertas porque el dinero jamás llegó.
“Nuestras empresas prácticamente han desaparecido, entonces nos urge que se nos pague, a Veracruz le urge la recuperación económica, la reactivación de la economía, urge la recuperación de las empresas y la recuperación de los empleos que se han perdido y eso no se va a dar si n hay una inyección del capital. No queremos dádivas, sino que se pague lo que se comprometió mediante contratos”, dijo.
Aunque el monto inicial que se les debía a los representantes de la asociación era de 400 millones de pesos, ha disminuido porque algunas empresas han recurrido a acciones legales.
Además, a otras personas se les han dado “abonitos”, pero en nada han ayudado a los empresarios más grandes.
Por ello, pidieron a las autoridades que los atiendan y les den una solución a su caso, ya que además recordó que están catalogados como víctimas, pero al parecer las autoridades pretenden revictimizarlos al afirmar que muchos empresarios no cuentan con papeles que acrediten sus servicios al gobierno y con amenazas de acciones legales.
